Elvis Rosario rechaza mal trato contra la vicealcaldesa Eva Nina

Por: Elvis Rosario, ex-regidor, ex-candidato a alcalde y ex-candidato a senador por San Cristóbal

La reciente denuncia pública realizada por la vicealcaldesa del municipio de San Cristóbal, donde declara haber sido marginada, excluida y despojada de toda participación en la gestión municipal por parte del alcalde, no puede ni debe ser vista como una simple queja o conflicto político menor. Se trata de una situación grave, que vulnera principios fundamentales de la democracia local y el respeto institucional.

Según la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, el vicealcalde no es un adorno institucional ni una figura secundaria. Es una autoridad electa por el voto popular, con la función expresa de suplir al alcalde en caso de ausencia o impedimento, y forma parte del cuerpo de gobierno municipal. Esta ley establece que el gobierno local no recae en una sola figura, sino en un conjunto de actores que deben trabajar de manera coordinada por el bien del municipio. Excluir a uno de ellos, más aún a una autoridad con legitimidad electoral, es una forma de autoritarismo encubierto.

Pero el asunto no termina ahí. La misma ley, en su Artículo 21, literal d), obliga a los ayuntamientos a destinar un 4% de su presupuesto a programas de salud, educación y género. Aunque esta partida no está asignada directamente a la vicealcaldía en el texto de la ley, diversas resoluciones y prácticas institucionales en todo el país —respaldadas por la Liga Municipal Dominicana, FEDOMU, y guías de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) junto a ONU Mujeres— han establecido que la ejecución y supervisión de este presupuesto debe recaer, en gran parte, en las oficinas de género, comúnmente dirigidas desde la vicealcaldía, especialmente cuando se trata de una mujer en ese cargo.

Es decir, la exclusión de la vicealcaldesa no solo es una falta de respeto político e institucional, sino que entorpece la correcta aplicación de fondos públicos destinados a áreas tan sensibles como la salud, la educación y la equidad de género. Cuando se bloquea la participación de esta figura, también se bloquea el desarrollo de políticas públicas que benefician a la ciudadanía más vulnerable.

Esta práctica, lamentablemente, no es exclusiva de esta gestión municipal. Ha sido una costumbre arraigada en la mayoría de las administraciones que han pasado por el Ayuntamiento de San Cristóbal, y me atrevo a decir que ocurre de igual forma en una gran parte de los municipios del país. Es un patrón de exclusión institucional que responde a una cultura política machista, centralista y autoritaria, que debe ser erradicada.

Frente a esta realidad, considero imprescindible que en el proceso de modificación de la Ley 176-07, actualmente en discusión en el Senado de la República, se establezca de forma clara, precisa y obligatoria el conjunto de funciones que debe desempeñar el vicealcalde o vicealcaldesa. No podemos seguir dependiendo de interpretaciones discrecionales o voluntades personales. La ley debe ser clara, porque una democracia fuerte necesita reglas claras y autoridades con funciones bien definidas.

Esta no es una simple queja, es una denuncia con implicaciones institucionales profundas. La práctica de excluir a la vicealcaldía no solo erosiona el sistema democrático, sino que también perpetúa una cultura política que desconoce el principio de corresponsabilidad en la gestión pública.

Desde mi experiencia como ex-regidor y ex-candidato a cargos de alta representación municipal y senatorial, conozco de cerca los desafíos de nuestra institucionalidad. Pero también conozco su potencial. No podemos permitir que el sectarismo y el personalismo secuestren las funciones públicas ni silencien a voces legítimas del pueblo.

Es hora de rechazar categóricamente estas prácticas. Y también es hora de corregir, desde el marco legal, lo que por años se ha prestado al abuso. No por razones partidarias, sino por compromiso con la democracia.