Grupo Carbone abandona su oficina corporativa internacional por amenaza de muerte
Antonio Carbone acusa a encargado de seguridad de Malecón Center de intentar intimidarlo.
Las autoridades informaron a través de un comunicado de prensa que amplían las investigaciones del caso.
NACIONALES16/05/2024El Expreso RDSAN CRISTÓBAL.- Las autoridades penitenciarias informaron que será sometido a la acción de la justicia un privado de libertad que, pasada la medianoche de este jueves, ultimó a 2 de sus compañeros de celda, en medio de una riña por asuntos personales, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) de Najayo, en San Cristóbal.
En un comunicado de prensa, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), dio a conocer que los fallecidos fueron los privados de libertad identificados como Yacomonti Mendoza Bruján, condenado a 20 años por violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, que tipifican la violación sexual, y José Javier Delfin, condenado a 4 años de prisión, acusado de violar los artículos 83, 309, 331 de dicho código y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Ambos fallecieron cuando eran trasladados al Hospital Dr. Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, luego de que resultaran con heridas cortopunzantes de arma de fabricación carcelaria, las cuales les provocaron la muerte.
El hecho ocurrió en el área del módulo M2, en el piso 1, celda 3, cuando el privado de libertad Elvis Rodríguez, condenado a 30 años por violación a los artículos 296, 304, 66, 67 del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16, le propinó varias estocadas en distintas partes del cuerpo a los internos, por lo que fueron traslados de emergencia a dicho centro de salud, donde se declaró su deceso.
Las autoridades informaron a través de un comunicado de prensa que amplían las investigaciones del caso.
La DGSPC informó que se está a la espera de la autopsia de rigor que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), según lo establece la Ley 136-80, en su artículo 1, la cual obliga a la práctica de la autopsia judicial en la instrucción de todo caso de muerte si la persona estuviera en prisión.
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