DOCALSA inicia acciones legales contra comunicadores Leonardo Ortiz y Pablo Estévez por denuncias en programa televisivo

Sostienen que las operaciones de la empresa afecta Las Cuevas de El Pomier, La Toma y el río Nigua.

PROVINCIALES10/11/2024El Expreso RDEl Expreso RD
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El comunicador Leonardo Ortíz y el activista social Pablo Estévez, mientras reciben la intimación judicial.

AUTOR: RAFAEL LARA 

San Cristóbal. -La empresa minera DOCALSA ha iniciado un proceso judicial en contra de los comunicadores Leonardo Ortiz y Pablo Estévez, quienes, a través del programa Loa News, han estado denunciando presuntas irregularidades en las operaciones de la compañía.

DOCALSA afirma que las declaraciones de los comunicadores están afectando sus intereses y busca poner fin a las denuncias públicas realizadas por los comunicadores.

Según representantes de la empresa minera, las declaraciones vertidas en Loa News dañan la reputación y las actividades de la compañía, la cual opera en la comunidad de El Pomier, en el municipio de San Cristóbal.

Por su parte, Leonardo Ortiz, productor general de Loa News, ha declarado que mantendrán su compromiso de informar a la población "de manera objetiva y veraz" y que continuarán con su labor informativa en beneficio de la sociedad.

“Nuestra labor es informar a la población de manera objetiva y veraz, y mantendremos nuestro servicio al país”, afirmó Ortiz.

Pablo Estévez, co-conductor del programa, también reafirmó su compromiso con el bienestar y desarrollo de la comunidad de San Cristóbal, indicando que su trabajo busca el interés público.

"Nuestro compromiso es con el bienestar de San Cristóbal y con el derecho de los ciudadanos a estar informados", afirmó Estévez.

Cabe recordar que DOCALSA opera en una zona cercana al balneario La Toma y al río Nigua, que abastecen de agua a la región.

Las denuncias de Ortiz y Estévez han señalado posibles impactos ambientales en estos cuerpos de agua, lo que ha generado preocupación en sectores de la comunidad.

Ambas partes se mantienen firmes en sus posturas mientras el proceso legal sigue su curso.

La comunidad de San Cristóbal y el público en general observan con interés este caso que involucra los derechos de libre expresión, la responsabilidad empresarial y la protección ambiental.

 

 

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