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Antonio Carbone acusa a funcionarios de obstruir sentencia del Tribunal Constitucional y advierte sobre impacto en inversión extranjera.
NACIONALES23/09/2024SANTO DOMINGO.- El inversionista extranjero Antonio Carbone lanzó serias acusaciones contra el gobierno dominicano y ha hecho un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que tome medidas inmediatas contra la corrupción y las presuntas violaciones a la Constitución que, según él, están ocurriendo en el país.
Carbone, quien afirma ser víctima de una estafa que involucra bienes por un valor superior a los 580 millones de dólares, denunció vivir bajo constante amenaza de muerte. El inversionista señaló que no solo él, sino también varios periodistas que han estado dando seguimiento a su caso, han sido objeto de intimidaciones por parte de individuos supuestamente involucrados en el robo de sus bienes.
Entre los periodistas amenazados, Carbone mencionó a Salvador Holguín, Julio Hazim, Frederick Martínez (El Pacha) y Emilio Ángeles. Según el empresario, estas amenazas provienen de figuras como: el abogado Julio Cury (a Holguín); el empresario Fernando Baez (a Hazim ); el diputado oficialista Sergio "Gory" Moya y el ministro Neney Cabrera (a Él Pacha y a Ángeles).
El inversionista hizo hincapié en la sentencia TC/0367-21 del Tribunal Constitucional, la cual, según él, falló a su favor ordenando la devolución de sus bienes. Sin embargo, Carbone acusó al Ministerio Público de estar en desacato al no ejecutar dicha sentencia.
"El presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de cumplir con las leyes de nuestra Carta Magna, la Constitución, por nuestros derechos fundamentales y que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional", declaró Carbone.
El empresario también cuestionó la aparente inacción del presidente Abinader frente a las acusaciones de corrupción dentro de su propio gobierno. Citando los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano, Carbone sugirió que podría haber complicidad penal en los más altos niveles del gobierno.
"¿Por cuánto tiempo el primer mandatario puede continuar siendo ciego y mudo, como el desaparecido ex presidente Joaquín Balaguer?", preguntó Carbone, haciendo un llamado a los senadores y diputados para que rompan su silencio.
El inversionista reveló que ha solicitado a agencias de inteligencia estadounidenses una investigación exhaustiva sobre el caso, afirmando que tiene entendido que el propio presidente Abinader está investigando la situación debido a la presencia de "los gringos" en el país.
Narró que aquí se encuentran autoridades el agente especial de Homeland Security Investigations, Timothy Tubbs, y que la pasada semana tuvo lugar una reunión confidencial donde Tubbs recibió personalmente pruebas y documentos contundentes que podrían tener un impacto significativo en el país en los próximos meses
Carbone también criticó duramente al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, por su aparente falta de comprensión de la sentencia del Tribunal Constitucional y por no defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo los de los presos en las cárceles dominicanas.
El empresario concluyó su discurso con un mensaje de amor al pueblo dominicano y una promesa de continuar luchando por los derechos fundamentales. "Te prometo que lo que viene es mejor", afirmó Carbone, en un tono que mezcla desafío y esperanza.
Este discurso ha generado gran revuelo en la opinión pública dominicana, planteando serias interrogantes sobre la transparencia del gobierno actual y el respeto al estado de derecho en la República Dominicana.
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Informará a familiares de fallecidos dinero disponible en las AFP para que lo retiren y les ayudará con el proceso.
El mandatario expresó que el Estado asumió los gastos para la entrega de estos títulos a fin de que los beneficiarios puedan tener seguridad jurídica.
Promete reforzar los planes sociales en la organización y poner en marcha nuevas iniciativas.
Asimismo, durante la intervención se le ocupó la suma de RD$66,000 en efectivo y un celular.
En total, los ingresos estimados para 2025 ascienden a 1,277,364.7 millones de pesos, equivalentes al 16 % del producto interno bruto (PIB) proyectado.
Este proyecto representa una oportunidad para trasformar el futuro digital de miles de personas en el país.
El legislador explicó que la referida legislación entrará en vigor seis meses después de la promulgación, por lo que el Congreso Nacional tiene que estar preparado para cumplir con su implementación.
Según la comisión, el Gobierno planifica acciones destinadas a transformar las condiciones de los centros públicos de salud, así como a continuar con el plan integral de transformación y profesionalización en apoyo a la reforma policial.
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