Juez endurece los cargos contra los hermanos Espaillat

De la Sala de Audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional salieron los familiares de las víctimas de la tragedia Jet Set con lágrimas y una medida que deseaban con ansias.

Para ellos, la decisión del juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, de variar la calificación jurídica del caso, pasando de homicidio involuntario a homicidio por dolo eventual contra los propietarios del centro, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, fue una victoria con un significado gratificante para ellos.

De acuerdo con el magistrado, los imputados tenían conocimiento pleno del deterioro del techo y por eso recibieron “advertencias claves” de la situación del lugar, pero decidieron dejar abierto el centro nocturno sin importar las consecuencias.

“El tribunal entiende, sustentado en el mismo hecho, de que procede a acoger la variación de la calificación jurídica”, declaró durante su fallo alrededor de las 9:30 de la mañana.

La medida respondió a lo pedido por una parte querellante, pero que fue rechazada durante la fase preliminar por el juez Raymundo Mejía.

“Se podía prevenir, se tenía advertencia y eso no debía suceder. Quien tenía a su cargo la discoteca tenía conocimiento del techo y pudieron evitar el hecho”, aseveró.

Además, expresó que el problema del techo no era falta de mantenimiento, ya que quedó demostrado que “los imputados optaron por continuar con la actividad, pese al peligro producido”.

El Tribunal rechazó la ampliación de la acusación y las violaciones a las leyes de urbanización e ingeniería por no tener base legal y no justificarse los elementos nuevos para la ampliación de la acusación.

Con la nueva calificación, el caso pasará a un tribunal colegiado (con tres jueces) de la Cámara Penal del Distrito Nacional, donde los acusados podrían enfrentar penas de 3 a 20 años de prisión, según explicó el juez.

La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia decidirá qué tribunal conocerá el juicio y el mismo empezará desde cero.

”Acusación casi perfecta”

Por otro lado, informó que observó una “acusación casi perfecta” por parte del Ministerio Público. Sin embargo, aclaró que solamente le faltó “le faltó la calificación jurídica” que él le otorgó (homicidio por dolo eventual).

“Por mi experiencia, que ustedes también la tienen, no he visto una acusación casi perfecta como la de este caso. Lo único que le faltó para la perfección fue la calificación jurídica que le está dando este tribunal”, aseguró.

”El país recibe una victoria”

Después de que el magistrado expresó la frase “pase feliz resto del día”, los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se abarrotaron de consanguíneos, conocidos y amigos de los afectados por el desastre ocurrido el 8 de abril de 2025.

Ellos creían que la decisión iba a llegar y sus declaraciones lo indican.

“Esto para nosotros no es una sentencia, sino el inicio de la verdad, la verdad ha salido a la luz y nosotros hemos demostrado que la verdad siempre ha estado en la mesa del tribunal”, comentó Luis Miguel Custodio, quien perdió a su hermano, Luis José, en el hecho.

Custodio expresó que existen familiares que se acercan al lugar con el corazón roto debido a que observar la situación les recuerda el fatídico 8 de abril de 2025.

“Ha sido un esfuerzo, aquí hay familias rotas, aquí hay familias que cada vez que vienen y observan a Antonio Espaillat se les abre la herida, porque entiende que existe un responsable. El responsable se llama, únicamente, António Espaillat”, finalizó.

El abogado Yan Carlos Martínez, uno de los abogados de la parte querellante, explicó que con el fallo del juez la nación recibió “una victoria”.

“El país recibe una victoria para la sociedad. Al principio, un grupo de colegas planteamos el dolo eventual y hoy recibimos una victoria contundente para las víctimas del caso Jet Set”, declaró.

Asimismo, afirmó que el planteamiento de variar la calificación jurídica fue hecho por al menos seis barras de abogados defensores.

Un desplome que afectó a toda la nación.

La tragedia ocurrió durante la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el merenguero Rubby Pérez entonaba una de sus canciones cuando el techo del centro nocturno se desplomó, cobrándose la vida de 236 personas y dejando a 180 heridos en el transcurso.

El comienzo del proceso judicial se remonta al 12 de junio de 2025, dos meses después del infortunio.

El órgano fiscal arrestó a los hermanos Espaillat, a quienes investigaba por el delito de homicidio involuntario. Según el órgano persecutor, ambos imputados habían mostrado “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara.

Ambos fueron presentados ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional para conocer medidas de coerción contra ellos.

El 19 de junio, después de una audiencia que se extendió por más de 12 horas, Fátima Vélez, jueza del Tribunal Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso el pago de RD $50 millones, como garantía económica, a modo de medida de coerción a los dos.

De igual forma, le impuso a los hermanos Espaillat impedimento de salida y presentación periódica. Igualmente, se declaró el caso como complejo.

El 7 noviembre de ese año, el órgano persecutor presentó una acusación formal solicitando la apertura a juicio contra los señalados.

Anteriormente, el 8 de agosto, la tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó los 26 recursos de apelación presentados por querellantes en el caso Jet Set, quienes buscaban modificar las medidas de coerción dictadas.

Al año siguiente, pero el 6 de abril, dos días antes del primer aniversario de la tragedia, el juez Raymundo Mejía dio inicio al juicio preliminar para saber si los imputados iban a juicio de fondo e identificar cuáles pruebas serían admitidas.

Durante esa misma fecha, el magistrado ordenó la realización de un nuevo peritaje técnico en relación con el caso.

El pedimento fue presentado por los hermanos y el estudio abarcó el análisis del concreto, evaluación de carbonatación y petrografía, análisis de materiales e investigaciones geotécnicas para detectar posibles cuevas o fallas en las fundaciones.

El juez descartó la posibilidad de una variación jurídica y dictó apertura de juicio de fondo el 15 de junio.

El magistrado rechazó imponer prisión preventiva a los imputados y mantuvo las garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, el impedimento de salida del país y la presentación periódica.