
Desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026.


El Expreso RD
Santo Domingo: Miembros Directivos del Concejo de Administración de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Neyba (COOPACRENE), interpusieron una solicitud de medida cautelar anticipada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con el objetivo de suspender los efectos de la reciente decisión emitida por Maritza López Castaños de Ortiz, presidenta administradora por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), relacionada con la designación del Gerente General Interino de dicha entidad.
La instancia, depositada a través de su abogado Dr. Víctor Eddy Mateo Vásquez, quien sostiene que la Resolución del IDECOOP contenida en la comunicación PA-0915-E del 6 de noviembre de 2025 vulnera principios esenciales del derecho administrativo, en especial lo relativo a la competencia del Consejo de Administración de la cooperativa para elegir a su Gerente, tal como establece la Ley 127-64.
La citada decisión administrativa del IDECOOP, remitida al Consejo de Administración de COOPACRENE, dispone la designación de Cecilio Enrique del Valle Pérez como Gerente General Interino, alegando la supuesta imposibilidad del Consejo para elegir un gerente general debido a una situación interna que impediría completar el órgano directivo de manera formal.
Por su parte, los accionantes consideran que el IDECOOP violó los principios de legalidad, competencia y debido proceso administrativo, establecidos en la Ley 107-13, al intervenir de manera directa en la designación de un gerente general, función que afirman es exclusiva del Consejo de Administración, según lo establecen la Ley 127-64 sobre Sociedades Cooperativas y los estatutos de la propia institución.
Los accionantes solicitan que el TSA disponga la suspensión provisional del acto administrativo mientras se examina la legalidad de la medida, argumentando que la intervención del IDECOOP afecta la autonomía cooperativa y el funcionamiento interno de COOPACRENE, según consta en la instancia sometida al tribunal.
Finalmente, destacaron que su objetivo es proteger la institucionalidad del sector cooperativo, el respeto al marco regulatorio y la correcta gobernanza interna de COOPACRENE, evitando precedentes que vulneren la autonomía cooperativa contemplada por la legislación dominicana.



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