Su papel se ha vuelto central en la región, ya que parece haber asumido una carga que va más allá de sus responsabilidades formales.
15/09/2024
El Expreso RD
Desde que el presidente Luis Abinader asumió el cargo el 16 de agosto de 2020, he sido testigo de la evolución de su administración, especialmente en la provincia de San Cristóbal.
A medida que el gobierno avanzaba, una de mis preocupaciones persistentes ha sido la calidad gerencial de los funcionarios designados en esta región.
Desde el principio, observé con preocupación que muchos de los nombrados en posiciones clave no parecían estar alineados con la visión y el enfoque práctico del Primer Mandatario.
En los primeros días de la administración, estas deficiencias pasaron en gran medida desapercibidas debido al contexto crítico de la pandemia.
La prioridad era manejar la crisis sanitaria y, en ese sentido, el país logró avanzar gracias al esfuerzo colectivo y la intervención divina.
Sin embargo, con el paso del tiempo y la entrada en un segundo mandato, la falta de capacidad gerencial y el desconcierto sobre el rol de ciertos funcionarios se han hecho más evidentes.
Un caso emblemático es el de Rafael Salazar, actual administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y único dirigente de San Cristóbal en la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Su papel se ha vuelto central en la región, ya que parece haber asumido una carga que va más allá de sus responsabilidades formales.
La impresión general es que Salazar ha tenido que cargar con el "Gobierno a cuestas" en San Cristóbal, mientras que otros funcionarios del gobierno parecen ausentes en términos de impacto práctico y operativo en la comunidad.
La ausencia de una presencia efectiva de funcionarios clave como el Gobernador Civil, representantes de deportes, salud, y obras públicas en la vida cotidiana de la población ha generado una sensación de vacío administrativo.
Aunque estos puestos existen en la estructura gubernamental, su efectividad y presencia en la resolución de problemas cotidianos parecen ser escasas.
Esta situación lleva a la percepción de que Rafael Salazar, además de su papel en la EGEHID, ha tenido que asumir responsabilidades que deberían estar repartidas entre varios actores del gobierno.
Esta falta de operatividad no solo afecta la percepción pública del gobierno, sino que también impacta en la capacidad de respuesta a las necesidades colectivas de la población de San Cristóbal.
La administración debe reflexionar sobre cómo mejorar la eficacia de sus funcionarios en la provincia y asegurar que cada área del gobierno cumpla con su rol de manera efectiva.
El tema de los senadores y diputados de San Cristóbal será tratado en la segunda parte de esta opinión, donde exploraremos cómo estos representantes están desempeñando su papel y qué implicaciones tiene su actuación en el contexto general de la región.
Mientras tanto, es imperativo que se tomen medidas para reforzar la operatividad y la presencia de todos los funcionarios en San Cristóbal, para que la carga que lleva Salazar no sea desproporcionada y se pueda lograr una gestión más equitativa y efectiva en beneficio de la comunidad.
Autor: RAFAEL LARA A.
Esta generación de maniobras fraudulentas tuvieron impacto en las reservas técnicas de Senasa, que asciende más de RD$ 15,921,369,659.62, hasta el cierre de 2024.
Santiago Hazim, que era coordinador nacional del movimiento oLA, fue uno de los principales contribuyentes en la primera victoria electoral de Abinader y en su reelección
En el hecho un niño y una mujer resultaron fallecidos y otra dama herida.
Convoca a rueda de prensa para este lunes a las 10am.
El director de Persecución del Ministerio Público informó que el órgano acusador trabaja en una nueva fase del caso, a la que denominó versión 2.0
La Policía Nacional tomó bien temprano posiciones estratégicas en los alrededor del Palacio de Justicia, donde se presentó el director general de ese organismo, Ramón Guzmán Peralta.
Al declarar el expediente como complejo, el magistrado otorgó a los fiscales el plazo correspondiente para presentar el requerimiento conclusivo en el caso contra Santiago Hazim y otros imputados.
Se refirió al caso SENASA, supuesto desfalco por más 15 mil millones de pesos.